En esta nueva Resolución que el despacho obtiene en esta materia, en este expediente nuevamente dirigido por nuestro socio Pablo Romero es la Comunidad de Madrid la que vuele a ratificar la argumentación sostenida por este estudio sobre la prescripción de la reclamación del sobreprecio de una Vivienda de Protección Oficial.
Como ya hemos comentado en muchas ocasiones desde éste mismo foro, las viviendas de protección oficial han generado y generan ciertas acciones por parte de las constructoras y/o promotoras, que ocasionan que la adquisición de una vivienda que a priori, debería resultar más económica y ajustada a la legislación vigente, resulte más costosa del precio real de la misma. Como también hemos explicado anteriormente en otras publicaciones, estos encarecimientos del precio de la vivienda se disfrazan por medio de conceptos diversos, como mejora de calidades, ampliación de equipamiento, etc…, de esta forma la constructora/promotora recibe un ingreso extra por cada vivienda que es totalmente abusivo e ilegal.
Así es muy habitual en este sector que cuando el propietario intenta contactar con la constructora/promotora, para informarles de que se ha dado cuenta de que se le vendió su vivienda con sobreprecio respecto al fijado en la cédula de calificación definitiva, la primera respuesta sea negar tal hecho y si el propietario insiste mucho o amenaza con contratar una asistencia legal, llegan a aludir a que aunque existiera tal sobreprecio, la acción para su reclamación estaría ya prescrita, afirmación esta que no suele ser totalmente cierta pero que sirve en muchas ocasiones para que los afectados desistan de sus pretensiones.
Llegados a este punto es fundamental contar con un asesoramiento especializado, que nos informen de nuestra situación concreta y nos expongan las diferentes vías de acción según nuestras particularidades, nuestra experiencia nos ha enseñado que cada situación puede ser totalmente diferente y resolverse de maneras muy diversas. Como muestra de ello, contamos con un gran número de acuerdos amistosos, de resoluciones administrativas y de sentencias que lo avalan.
Por todo lo expuesto, es necesario que un profesional revise su caso para no caer en ciertos datos poco claros o engañosos que nos pueden conducir a la imposibilidad de defender nuestros derechos.
Pablo Romero Albarrán
Resp. Dept. Laboral y Administrativo RPV Abogados.
